Residentes denuncian calles sin asfaltar, mientras persisten dudas sobre el alcance de las reparaciones anunciadas por las autoridades.
BARAHONA.— El deterioro de las vías en Barahona y Cabral mantiene las quejas de residentes, conductores y transportistas, quienes reclaman intervenciones para mejorar la circulación y las condiciones de acceso a sus comunidades.
El 16 de octubre, moradores de Río Chil y El Alfa denunciaron ante CDN las malas condiciones de sus calles y la falta de aceras y contenes. Algunos aseguraron que llevan alrededor de 30 años esperando el asfaltado.
En Cabral, residentes de El Llano y Barrio Arriba reportaron en julio dificultades provocadas por el polvo y el lodo, mientras que en febrero moradores de El Majagual solicitaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación de la vía de acceso al sector.
Obras anunciadas y trabajos pendientes
En septiembre, la Alcaldía de Barahona informó sobre trabajos de bacheo en la avenida General Gregorio Luperón y la calle Francisco del Rosario Sánchez, en coordinación con el MOPC. En Cabral, el Ayuntamiento anunció en abril un plan de acondicionamiento vial iniciado en El Brisal.
A estas intervenciones se suma la inauguración, el 22 de agosto, de la carretera Cabral–Polo, de 20.5 kilómetros, anunciada por la Presidencia. Esta obra mejora la conexión interurbana, pero no permite establecer las condiciones de las calles internas del municipio.
También se han publicado denuncias sobre el estado del puente próximo al cruce de Cabral y los riesgos en el tramo de El Derrumbao, en la carretera Barahona–Enriquillo.
Falta un balance actualizado
La información disponible documenta reclamos ciudadanos y anuncios oficiales, pero no permite determinar qué tramos han sido reparados, cuáles siguen deteriorados ni cuándo se completarán las intervenciones pendientes.
Los ayuntamientos y el MOPC deben precisar las obras ejecutadas, los proyectos programados y los plazos de mantenimiento, según sus respectivas competencias.
Un balance actualizado, respaldado por inspecciones sobre el terreno y datos oficiales, permitiría establecer el alcance del problema y verificar la respuesta de las instituciones responsables.
Por Wellington A. Pérez
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