Khoury Industrial y la deuda ambiental con Cabral: entre el polvo, el ruido y el silencio de las autoridades

Ley 64-00 dispone que los municipios donde se explotan recursos naturales no renovables deben recibir el 5 % de los beneficios netos, conforme al marco legal aplicable. Este aspecto suele ser objeto de interés público y merece verificarse en cada caso concreto.

Por Wellington A Pérez| Pulso del Sur

Cabral, Barahona. Si hay un tema capaz de generar consenso entre los habitantes de Cabral, es el impacto que, desde hace años, atribuyen a las operaciones de Khoury Industrial: el polvillo que invade viviendas y calles, el ruido constante de la actividad minera y la sensación de que las soluciones ofrecidas han sido insuficientes para enfrentar un problema que, lejos de desaparecer, continúa marcando la vida cotidiana de la comunidad.

Cada cierto tiempo el descontento vuelve a tomar fuerza. Se organizan reuniones, circulan convocatorias y resurgen las consignas exigiendo la salida de la empresa o mayores controles ambientales. Sin embargo, el impulso social termina diluyéndose y las demandas quedan, una vez más, sin respuestas definitivas.

El episodio más reciente ocurrió hace apenas unos días, cuando nuevos llamados ciudadanos volvieron a colocar sobre la mesa una problemática que, para muchos residentes, nunca ha dejado de existir.

Un conflicto que trasciende generaciones

La presencia de Khoury Industrial en la zona ha estado acompañada durante años de denuncias por contaminación atmosférica y sónica. Vecinos de distintos sectores aseguran que el polvo generado por las operaciones afecta sus viviendas, comercios y calidad de vida, mientras que el tránsito constante de equipos pesados y las labores de extracción producen niveles de ruido que consideran incompatibles con una comunidad residencial.

Pese a las reiteradas quejas, muchos ciudadanos entienden que las medidas implementadas por la empresa han sido insuficientes para mitigar los efectos que denuncian.

¿Qué dice la ley?

Las operaciones mineras en la República Dominicana están reguladas por la Ley No. 146-71 de Minería, que establece que toda exploración o explotación de recursos minerales debe realizarse mediante una concesión otorgada por el Estado.

En el caso de Khoury Industrial, el Ministerio de Energía y Minas otorgó en 2025 la concesión de exploración minera denominada KH2 para la búsqueda de rocas calizas en una zona que comprende territorios de Barahona y Cabral.

Sin embargo, la actividad minera no solo está sujeta a la legislación minera. También debe cumplir estrictamente con la Ley No. 64-00 General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, que obliga a las empresas a prevenir, controlar y mitigar cualquier impacto ambiental derivado de sus operaciones.

Entre esas obligaciones se encuentran el control de emisiones de polvo, la reducción de los niveles de ruido, el monitoreo permanente de la calidad ambiental y el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en su licencia ambiental.

Más allá de la ley: el derecho a un ambiente sano

La legislación dominicana reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano y faculta al Ministerio de Medio Ambiente para realizar inspecciones, imponer sanciones, ordenar medidas correctivas e incluso suspender operaciones cuando se comprueben violaciones a la normativa ambiental.

Por ello, una de las principales interrogantes que surge ante las constantes denuncias ciudadanas es si las medidas de mitigación implementadas por la empresa cumplen realmente con los estándares establecidos por las autoridades ambientales y si los controles oficiales se están realizando con la frecuencia y el rigor que exige la ley.

Una comunidad que parece haber perdido la capacidad de movilizarse

Más allá del debate sobre la actividad minera, en Cabral también se percibe una creciente frustración social. Muchos residentes recuerdan que en otras épocas la comunidad se organizaba con mayor firmeza para reclamar soluciones a los problemas colectivos.

Hoy, en cambio, las protestas suelen tener un alcance limitado. Las convocatorias generan expectativa durante algunos días, pero el movimiento pierde fuerza rápidamente y las demandas terminan diluyéndose sin producir cambios significativos.

Esa realidad ha llevado a algunos comunitarios a preguntarse si Cabral ha perdido la capacidad de unirse en torno a las causas que afectan a toda la población.

Las preguntas que siguen sin respuesta

Ante este panorama, permanecen abiertas varias interrogantes de evidente interés público:

¿Cuenta Khoury Industrial con una licencia ambiental vigente para todas sus operaciones?

¿Qué medidas específicas aplica para controlar el polvo y la contaminación sónica?

¿Con qué frecuencia el Ministerio de Medio Ambiente inspecciona sus operaciones?

¿Existen informes técnicos sobre la calidad del aire y los niveles de ruido en las comunidades cercanas?

¿Se han impuesto sanciones o requerimientos por incumplimientos ambientales?

¿Qué resultados han arrojado las evaluaciones oficiales sobre el impacto de la actividad minera en Cabral?

Mientras esas preguntas continúan sin respuestas públicas y verificables, el polvo sigue depositándose sobre calles y viviendas, el ruido continúa formando parte del paisaje cotidiano y una parte importante de la población mantiene la percepción de que el conflicto permanece sin una solución definitiva.