En seis años de Gestión  Míctor Fernández no ha podido con la basura de Barahona

Seis años bajo la lupa: los millonarios contratos de la basura en Barahona entre cambios de empresas, licitaciones y cuestionamientos

Por Wellington A Pérez| Pulso del Sur

Barahona.- La historia reciente del servicio de recolección de desechos sólidos en el municipio de Barahona no solo está marcada por montones de basura en las calles. Detrás de ese problema cotidiano existe una sucesión de contratos millonarios, cambios de empresas, procesos de licitación, denuncias de posibles irregularidades y promesas de mejora que, con el paso de los años, no han logrado erradicar las constantes quejas de la población.

Una revisión de los procesos de contratación realizados entre 2020 y 2026 revela un patrón que merece un análisis más profundo: el Ayuntamiento ha tenido que recurrir de manera reiterada a nuevas licitaciones para garantizar un servicio que continúa siendo objeto de críticas ciudadanas.

El fin de una era

En mayo de 2020, pocos días después de asumir la administración municipal, el alcalde Míctor Fernández anunció la rescisión del contrato con la empresa Aseos Municipales, responsable de la recolección de residuos durante más de una década.

La decisión fue presentada como una respuesta a las numerosas denuncias de juntas de vecinos y residentes que aseguraban que la ciudad enfrentaba un deterioro progresivo en la limpieza de calles y espacios públicos.

Con esa medida se abrió el camino para contratar una nueva empresa que prometía transformar el servicio.

El contrato de RD$64.8 millones

Tras el proceso de selección, la empresa Servicios Díaz Ortiz EIRL fue escogida para asumir la recolección de basura en el municipio.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ayuntamiento, el contrato fue aprobado por la Sala Capitular por un monto de RD$64,800,000, equivalente a RD$2.7 millones mensuales durante un período de dos años.

Las autoridades municipales sostuvieron que el proceso se desarrolló conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y que la convocatoria cumplió con los requisitos legales establecidos.

Las primeras controversias

La adjudicación no estuvo exenta de cuestionamientos.

Pocos días después de hacerse pública la contratación, surgieron denuncias que señalaban posibles incumplimientos de la Ley 340-06, particularmente en lo relacionado con la publicidad del proceso de licitación.

Las críticas apuntaban a que la convocatoria no habría sido difundida con la amplitud requerida para garantizar la libre competencia entre oferentes.

En respuesta, el Ayuntamiento defendió la legalidad del procedimiento y aseguró que la convocatoria fue publicada tanto en un periódico de circulación nacional como en el Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas, rechazando cualquier irregularidad.

Aunque la administración municipal negó las acusaciones, la controversia dejó abiertas dudas que aún hoy forman parte del debate público.

Un servicio que vuelve a licitarse

Dos años después, al concluir la vigencia del contrato, el Ayuntamiento convocó una nueva Licitación Pública Nacional para contratar nuevamente la recolección y transporte de residuos sólidos.

La explicación oficial fue que la legislación obliga a realizar un nuevo proceso competitivo una vez vencido el contrato, garantizando transparencia y libre participación.

Sin embargo, el hecho de que el municipio tuviera que iniciar otro procedimiento despertó nuevas interrogantes sobre la estabilidad y eficiencia del modelo de contratación utilizado.

Más contrataciones para sostener el servicio

En 2023 la administración municipal abrió otro proceso para alquilar camiones compactadores destinados a reforzar la recolección y el transporte de residuos hacia el vertedero municipal.

La medida evidenció que el Ayuntamiento continuaba recurriendo a contrataciones complementarias para mantener operativa la recogida de basura, una situación que incrementa los costos del servicio y plantea interrogantes sobre la planificación de la gestión de los residuos sólidos.

Un nuevo proceso en 2025

Tres años después de la licitación anterior, el Ayuntamiento volvió a convocar una Licitación Pública Nacional para seleccionar la empresa encargada de la recolección y disposición final de los desechos sólidos.

El pliego estableció nuevas condiciones técnicas, responsabilidades operativas y criterios de evaluación para los oferentes, en un intento por fortalecer el servicio.

Los retrasos de 2026

A principios de 2026, la propia Alcaldía reconoció que la ciudad enfrentaba retrasos en la recolección de basura.

Las autoridades atribuyeron la situación al proceso de transición hacia una nueva empresa contratista y al incremento de residuos generado durante las festividades de fin de año, asegurando que el servicio sería normalizado en los días siguientes.

Las preguntas que siguen sin respuesta

La revisión de los procesos públicos permite reconstruir parte de la historia, pero también deja abiertas interrogantes que resultan fundamentales para comprender cómo se ha administrado uno de los contratos más costosos del Ayuntamiento.

Todavía no está claro cuánto dinero ha desembolsado el municipio en la recolección de basura desde 2020, cuántas empresas han resultado beneficiadas, qué criterios definieron las adjudicaciones, si se aplicaron sanciones por incumplimientos, cuántas modificaciones recibieron los contratos originales ni cuál ha sido el costo real del servicio por tonelada recolectada.

Tampoco existe información ampliamente disponible que permita conocer si las inversiones realizadas se han traducido en mejoras medibles para la ciudad o si, por el contrario, los cambios de contratistas han respondido únicamente a la necesidad de renovar acuerdos sin resolver las deficiencias estructurales del servicio.

Una investigación que apenas comienza

La reconstrucción de estos seis años muestra que el debate sobre la basura en Barahona va mucho más allá de los residuos acumulados en las esquinas. Detrás de cada camión que recorre las calles existe una cadena de decisiones administrativas, contratos millonarios y procesos de contratación que merecen ser examinados con rigor.