Ministerio de Salud cancela empleadas intentaban vender empleos, oficializar y cambiar designaciones

Santo Domingo.– El Ministerio de Salud desvinculó de su personal a tres colaboradoras en la Dirección de Recursos Humanos por violar los numerales 4 y 7 del Artículo 84 de la Ley 41-08 de Función Pública tras recibir denuncias de ciudadanos y ciudadanas que habrían entregado dinero a cambio de conseguir empleos o cambio de designaciones en funciones.

La información está contenida en una nota emitida por la Dirección de Comunicación Estratégica del organismo de salud. Explica, además, que el expediente que compromete las conductas de las desvinculadas ha sido depositado en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEDCA) para los fines de investigación y decisión correspondientes.fachada-msp_18
Se trata de las señoras Guadalupe Sosa, quien hasta entonces se desempeñaba como secretaria de Recursos Humanos; la recepcionista Rosa Elena Soto y la secretaria Yadira Abreu, quien laboraba en el Mismo espacio que lo hacía Sosa.

Investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio determinaron que al menos 42 personas depositaron entre 15 mil y 20 mil pesos a cuentas prestadas por las señoras Soto y Abreu a la señora Guadalupe Sosa como avances por los empleos y cambios de designaciones que prometía ejecutar desde su posición, lo cual viola la citada legislación.

“Es política del Ministerio de Salud, suspender, desvincular y someter a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa a todo empleado ante la simple sospecha, que sea denunciado o asociado a prácticas que puedan ser consideradas corruptas, prevaliéndose del desempeño de la función pública”, explica el organismo estatal.
Dijo que durante la investigación una comisión designada a tales fines entrevistó a empleados del área de Recursos Humanos del nivel central, ejecutivos y personal de los servicios en varias regiones de salud, así como a personas residentes en Barahona, provincia donde decenas de ciudadanos perjudicadas con la práctica ilegal denunciaron la acción irregular, tras ver que se retraban las gestiones que “compraban”.

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