¿A dónde van los desechos tóxicos de los hospitales de la región Enriquillo?  

Los desechos peligrosos que nadie termina de rastrear en el Enriquillo, Jeringuillas en el piso, fundas rojas arrastradas por los pasillos, un ayuntamiento que recoge lo que el hospital no puede procesar. En la región que atiende a casi 380 mil personas, el destino final de los residuos biomédicos sigue siendo, en buena parte, una pregunta sin respuesta pública.

Por Wellington A Pérez| Pulso del Sur

Barahona.-Un guante quirúrgico tirado a pocos metros de un zafacón medio vacío no dice mucho por sí solo. Pero cuando ese guante aparece junto a jeringuillas usadas, frascos de medicamentos y fundas de desechos amontonadas frente a los contenedores, empieza a contar una historia distinta: la de un sistema que capacita a su personal, firma acuerdos, hace talleres… y aun así no logra cerrar el círculo de algo tan básico como sacar la basura contaminada de un hospital.

Eso es, hoy, el retrato más documentado que existe sobre el manejo de desechos hospitalarios en la región Enriquillo. Y el problema no es solo lo que se ve. Es lo que no se puede ver, porque no está publicado en ninguna parte: qué hace cada uno de los 15 hospitales de la región con sus residuos peligrosos, quién los recoge, y a dónde van a parar.

 Una región, cuatro provincias, quince hospitales

El Servicio Regional de Salud Enriquillo cubre Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales: 6,961 kilómetros cuadrados de territorio, casi 380 mil habitantes y una red que, según sus propios registros, se sostiene sobre 15 hospitales repartidos así:

Barahona (1 hospital regional y 6 municipales)

– Hospital Regional Universitario Jaime Mota

– Hospital Provincial Teófilo Gautier

– Hospital Municipal Vicente Noble

– Hospital Municipal Enriquillo

– Hospital Municipal Vallejuelo

– Hospital Municipal Por Amor al Prójimo (Paraíso)

– Hospital Municipal de Cabral

Bahoruco (1 provincial y 3 municipales)

– Hospital Provincial San Bartolomé (Neiba)

– Hospital Municipal Julia Santana (Tamayo)

– Hospital Municipal Los Ríos

– Hospital Municipal Alfredo González Gil Roldán (Galván)

Independencia (1 provincial y 2 municipales)

– Hospital Provincial General Melenciano (Jimaní)

– Hospital Municipal José Pérez (Duvergé)

– Hospital Municipal La Descubierta

Pedernales  (1 provincial)

– Hospital Provincial Doctor Elio Fiallo

Quince centros. Quince lugares donde a diario se generan gasas con sangre, agujas, cultivos de laboratorio, restos de quimioterapia, placentas, medicamentos vencidos. Y de los quince, solo uno tiene su manejo de desechos documentado públicamente con algún detalle: el Jaime Mota, el hospital de referencia de toda la región. De los otros catorce, no existe información accesible sobre qué tecnología usan, si segregan correctamente, o quién se lleva sus residuos. Esa ausencia, en sí misma, ya es una historia.

Lo que sí sabemos: el caso Jaime Mota

El Hospital Regional Universitario Jaime Mota no tiene incinerador propio ni planta de tratamiento dentro de sus instalaciones. Lo que tiene, desde marzo de 2023, es un acuerdo con la Alcaldía de Barahona: el ayuntamiento se comprometió a recoger los desechos sólidos tóxicos y biodegradables del centro, encargarse de su disposición final y apoyar la higiene general del hospital. Fue presentado en su momento como un hecho inédito en el país —la primera vez que un municipio asumía ese compromiso directo con un hospital— y con un alcance que, según la propia dirección del centro, se extiende a toda la región, porque el Jaime Mota recibe pacientes de las cuatro provincias.

Es decir: el hospital más grande e importante del suroeste dominicano depende, para el tratamiento final de sus residuos peligrosos, de la capacidad operativa de un ayuntamiento municipal.

En el papel, hay esfuerzo. En enero de 2026 el Departamento de Epidemiología organizó un taller sobre manejo de desechos biológicos contaminados, dirigido al personal, como parte de un plan de la dirección para reforzar la bioseguridad. Meses antes, en agosto de 2025, un recorrido periodístico de *Diario Libre* encontró otra realidad: guantes quirúrgicos en el suelo, fundas rojas de desechos hospitalarios arrastradas por los pasillos rumbo a «higienización», residuos biomédicos expuestos a la intemperie y bolsas de basura acumuladas frente a los contenedores en el área de internamiento, mientras en la zona de emergencias insumos médicos —jeringuillas, algodón, mascarillas usadas— se mezclaban sobre las mesas de trabajo.

Dos imágenes del mismo hospital, separadas por meses: la de la capacitación y la del desorden. Ambas ciertas. Ninguna cancela a la otra.

 El problema no es solo Jaime Mota

Lo que ocurre en Barahona no es un caso aislado dominicano. A nivel nacional, tanto el Ministerio de Salud Pública como el Servicio Nacional de Salud han reconocido que no llevan un registro de qué centros médicos clasifican correctamente sus desechos, cuánto generan, ni si tienen contratada una empresa para su recolección y destino final. En supervisiones realizadas en distintos puntos del país se ha encontrado algo tan simple como zafacones que deberían tener funda roja —la señal universal de peligro biológico— con funda negra, la de la basura común.

La Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, vigente desde octubre de 2020, obliga a todo generador de residuos, incluidos los centros de salud, a registrarse formalmente. El Reglamento 126-09 exige además la clasificación adecuada de los desperdicios y la colocación de recipientes diferenciados en cada área. Sobre el papel, el marco legal existe y es razonablemente completo. Lo que falta —y esto se repite hospital tras hospital, provincia tras provincia— es la trazabilidad: nadie parece poder decir con certeza, centro por centro, qué pasa con esa basura después de que sale del cuarto donde se generó.

Lo que el servicio regional  Enriquillo todavía debe explicar

Para este reportaje se buscó información específica sobre el manejo de desechos peligrosos en los otros catorce hospitales de la región —Teófilo Gautier, Vicente Noble, Enriquillo, Vallejuelo, Por Amor al Prójimo, Cabral, San Bartolomé, Julia Santana, Los Ríos, Alfredo González Gil Roldán, General Melenciano, José Pérez, La Descubierta y Elio Fiallo— sin que existan registros públicos, auditorías ambientales o informes accesibles que detallen si cuentan con autoclave, incinerador, acuerdo de recolección municipal o algún otro método de tratamiento.

Eso no significa que lo estén haciendo mal. Significa, simplemente, que la región no tiene manera de mostrar que lo está haciendo bien. Y en salud pública, esa diferencia importa: no basta con que un hospital cumpla puertas adentro si nadie fuera de esas paredes puede verificarlo.

El Servicio Regional de Salud Enriquillo y el Servicio Nacional de Salud tienen la palabra. La pregunta que sigue abierta —para los catorce hospitales que faltan por rendir cuentas— es sencilla: ¿a dónde va la basura que puede enfermar, y quién puede probarlo?

Pulso del Sur seguirá dando seguimiento a este tema y solicitó información oficial al Servicio Regional de Salud Enriquillo y al Ministerio de Medio Ambiente. Este reportaje será actualizado si se recibe respuesta.