Transporte minero una actividad que la ley obliga a controlar para proteger a las comunidades
Por Wellington A Pérez, Pulso del Sur
Barahona.-Mientras crece el debate sobre la explotación minera en la región Enriquillo y las operaciones que se desarrollan en las montañas del Bahoruco Oriental, surge una pregunta que inquieta a residentes, ambientalistas y organizaciones comunitarias: ¿qué establece la legislación dominicana sobre el transporte de materiales mineros?
Aunque la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales no dedica un capítulo exclusivo al transporte de minerales, sí establece responsabilidades claras para prevenir cualquier actividad que provoque contaminación o afecte la salud de las personas y los ecosistemas.
La normativa reconoce el derecho de la población a disfrutar de un medio ambiente sano y atribuye al Estado la responsabilidad de prevenir, controlar y combatir la contaminación del aire, el agua y los suelos. Bajo ese principio, las operaciones mineras no terminan en el punto de extracción. También incluyen el traslado de los materiales desde las minas hasta los lugares de procesamiento, almacenamiento o exportación.
Especialistas en materia ambiental señalan que el transporte de agregados, carbonato de calcio, caliza y otros minerales debe realizarse bajo estrictas medidas de control para evitar la dispersión de polvo, derrames y daños a las comunidades ubicadas a lo largo de las rutas utilizadas por los camiones.
La preocupación no es nueva. En junio de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente ordenó la suspensión del manejo y transporte de agregados y productos mineros en distintos puntos de Barahona tras recibir denuncias sobre contaminación ambiental provocada por estas actividades.
La disposición estableció que las empresas debían demostrar el cumplimiento de medidas específicas antes de reanudar sus operaciones, entre ellas la higienización de los vehículos, el uso de lonas herméticas para cubrir la carga, la aplicación de planes de manejo ambiental y la adopción de mecanismos para reducir riesgos y accidentes durante el transporte.
La decisión constituyó un reconocimiento oficial de que el traslado inadecuado de materiales mineros puede afectar directamente la calidad del aire y las condiciones de vida de las comunidades cercanas.
En el caso del Bahoruco Oriental, organizaciones ambientales y comunitarias han advertido que el impacto de la actividad minera no se limita a la extracción de recursos. También abarca el movimiento constante de camiones pesados por carreteras y comunidades, una situación que genera preocupación por el polvo en suspensión, el deterioro de las vías y los posibles efectos sobre la salud de la población.
La propia Ley 64-00 establece que los concesionarios mineros tienen la obligación de prevenir daños ambientales derivados de sus operaciones y de cumplir con las condiciones establecidas en sus licencias ambientales. Esto significa que cualquier empresa dedicada a la extracción de minerales debe garantizar que sus actividades, incluyendo el transporte, se realicen bajo parámetros que protejan tanto el medio ambiente como a las personas.
En una provincia donde la defensa de los recursos naturales se ha convertido en una de las principales causas ciudadanas, el debate sobre la minería continúa ampliándose más allá de los límites de las concesiones. Hoy, la discusión también se centra en las carreteras, en las comunidades que observan pasar diariamente los camiones cargados de material y en el cumplimiento efectivo de las normas destinadas a proteger el patrimonio natural y la calidad de vida de la región.
Más que una discusión técnica o legal, se trata de una pregunta fundamental para el futuro de Barahona: cómo garantizar que cualquier actividad económica se desarrolle respetando el derecho de las presentes y futuras generaciones a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
