
Enfermera de Azua denuncia cancelación arbitraria
Después de 28 años como enfermera fue apartada de su puesto porque no quiso renunciar a uno de los dos trabajos que ostentaba en la administración pública, su otro trabajo es como maestra en el liceo
Por Patricia Báez Martínez/Baní News
Baní, prov. Peravia.- La enfermera Ángela Juana Vicente Ramírez denunció a este medio que fue cancelada como gerente de Enfermería del hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio Padre Las Casas, en Azua, tras negarse a renunciar a uno de los dos trabajos que ostentaba en el ese momento, en el Servicio Nacional de Salud y en el Ministerio de Educación, pues ella alternaba el trabajo de enfermera con el de docente en el liceo de la zona.
La decisión de las autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS) y del hospital para apartarla de su puesto está basada en el artículo 94 de la Ley 41-08 sobre Función Pública:
“La destitución es la decisión de carácter administrativo emanada de la autoridad competente para separar a los servidores públicos”, sin más explicaciones.
Ángela Vicente tenía laborando en el sistema de Salud Pública unos 28 años, y se lamenta porque entiende que debieron apartarla del cargo de Encargada de Enfermería, pero dejarla como enfermera, pues no esperaba una desvinculación total. La docencia es una labor compatible con todas las funciones públicas.
La enfermera trabajó por muchos años en el hospital infantil Robert Read Cabral, en el Distrito Nacional, en donde adquirió bastante experiencia que puso al servicio del hospital de Padre las Casas, pueblo al que pidió su traslado por razones personales.
La carta de desvinculación, aunque de fecha 30 de noviembre de 2025, le fue entregada el viernes 12 de diciembre a la 1:00 de la tarde, por lo que al enterarse de su situación, tuvo poco tiempo para pedir una revisión de su caso ante los órganos competentes, para cuyo plazo se cuenta con 30 días a partir de la fecha de desvinculación.
El proceder muestra la clara intención de afectar a Ángela Juana Vicente Ramírez para que no pueda apelar la decisión de carácter administrativo, aunque ella alberga aún la esperanza de recuperar su puesto de trabajo y conservar los derechos adquiridos para una pensión decente por los servicios brindados.


