Por. Ramón Stalin Montero Santiago
Hay un país jodido en el mismo trayecto de la corrupción, un país donde el dinero público, en vez de ser garantía de derechos, se convierte en capital para enriquecer a los mismos grupos empresariales que históricamente han hecho del Estado su caja chica.
El escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no solo evidencia el robo colosal de recursos destinados a la salud de los más pobres, sino que confirma que no hay corruptos sin corruptores. Y en República Dominicana, los corruptores no suelen ser los marginados, sino una parte importante del empresariado que cimenta su “productividad” sobre mecanismos fraudulentos para estafar al erario.
Duele más porque no se trata de un contrato de carreteras o de una concesión portuaria. Se trata de la salud, del derecho fundamental a la vida, del soporte de los más vulnerables. El dinero saqueado era el que debía financiar consultas médicas, tratamientos de alto costo, atención primaria.
En efecto, parece que es más fácil que entre un camello por el ojo de un dedal que un rico en el reino de los cielos. Y aquí esos ricos, vulgares ladrones de cuello blanco, altivos y con pecho erguido, siguen pretendiendo impolutez, mientras vacían las arcas de un pueblo que se debate entre la miseria y la esperanza.
El presidente Luis Abinader tiene que escuchar la indignación que brota de este caso. Ha sido demasiado complaciente con ese empresariado. Cuando habla de reforma fiscal, cuando se discuten las exenciones, siempre es benévolo con los grupos de poder económico. Pero hoy la coyuntura le ofrece una oportunidad: no basta con saber la verdad, no basta con identificar culpables. Es imprescindible que devuelvan cada centavo malversado y el equivalente de la plusvalía que generaron con ese dinero ilícito.
La salud no puede seguir siendo tratada como mercancía. No es un bien de mercado, es un derecho constitucional, lo consagra nuestra Carta Magna y así debe garantizarlo el Estado. El modelo actual ha estado equivocado al delegar responsabilidades en manos privadas. Las famosas vacunas nunca debieron entregarse a clínicas privadas. Ninguna empresa debió administrar autorizaciones, ni gestionar el control de los servicios. Eso equivale a poner a un drogadicto a vigilar sustancias controladas.
Lo ocurrido en SENASA demuestra que había recursos suficientes para financiar la Atención Primaria, para cubrir enfermedades catastróficas, para aliviar las cargas más pesadas del sistema. Lo que faltaba no era dinero, sino voluntad política y un modelo centrado en lo público. Al gobierno le toca reconocer que, aunque ha sido responsable al denunciar la corrupción, ha fallado en su concepción del sistema de salud.
Ahora bien, la reflexión no se agota en el gobierno. Hay otros responsables que deben ser interpelados. La clase médica, por ejemplo, cuya misión ética es proteger la vida, se ha mostrado en muchos casos más cercana al mercader que al juramento hipocrático. Una parte del gremio ha tenido actitudes peores que las de usureros y prestamistas. El Colegio Médico Dominicano, tras los juicios debe sancionar a cada sinvergüenza involucrado. Debe presionarse también para que se legisle la obligación de recetar medicamentos genéricos, y para que se elimine el derecho a veto que tienen esos sectores en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
La sociedad civil también debe ser más frontal y combativa; y la oposición política debe tener cuidado en no aprovechar el escándalo para el oportunismo. Le toca guardar su barba en remojo, porque este robo nos habla de un modelo que también toleraron y reprodujeron gobiernos anteriores.
El país necesita respuestas claras. Preguntas urgentes se ciernen sobre esta coyuntura: ¿Hasta cuándo van a seguir saqueando al pueblo? ¿Qué más le hace falta al Ministerio Público para ser más ágil? ¿Hasta cuándo el Poder Judicial seguirá sin garantizar justicia sustantiva, poniendo en riesgo la paz social? ¿Hasta cuándo la clase política gobernante privilegiará la cúpula empresarial? ¿Hasta cuándo el pueblo dominicano seguirá soportando, con una calma que raya en resignación, la cultura de corrupción e impunidad?
Si el presidente Abinader quiere pasar a la historia como un reformador y no como un cómplice, tiene que blindar el sistema público de salud y enviar un mensaje inequívoco al empresariado: con lo público no se juega. De lo contrario, más temprano que tarde, las calles dominicanas podrían comenzar a parecerse a las de Nepal, donde el pueblo cansado dijo basta y salió a reclamar lo que le corresponde.
